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La Historia de La Corrupcion en Venezuela

La Historia de La Corrupcion en Venezuela

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HISTORIA - Politica
escrito por Cristian Camacho   
Explicaciones históricas y sociogenéticas

Para enfocar el tema que le da encabezamiento al presente capítulo, partamos de una sospecha: por razones de orden histórico, existe una sobrecarga delictiva en el funcionario público y en la sociedad venezolana actual [1]. Esta sobrecarga se caracteriza por tener un arraigo importante en la mentalidad de mucha gente, y por ser además, un factor explicativo fundamental cuyo estudio ayudaría a entender el carácter excesivo de la corrupción administrativa, así como la bulimia existente en muchos ciudadanos cuando administran bienes y recursos públicos, o se les facilita algún tipo de acceso a ellos -directamente o bien a través de redes informales [2].

Teóricamente es difícil definir la corrupción y hallar una delimitación específica. A esto contribuye la inestabilidad del término, la valoración prejuiciada que de él se hace y las contradicciones surgidas en el momento de clasificar y juzgar las conductas. En consecuencia, no sería pertinente buscar una definición universal. Los estudiosos de cada país o sociedad tienen la libertad de crear definiciones afines o diferentes, conforme a las características particulares de cada grupo humano, en cuanto a su legislación, historia, origen y formación cultural.

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Sin embargo, en lo que si existe acuerdo es en el aspecto medular del problema: la corrupción administrativa es vista en su aspecto general, como “una transferencia ilegítima de lo público a lo privado” [3]. En el caso de Venezuela y en términos amplios, la corrupción podría ser definida como el conjunto de acciones cometidas por funcionarios públicos, solos o en connivencia con otros ciudadanos, representantes de organizaciones públicas o privadas, con el objeto de apropiarse ilícitamente de dineros, recursos y otros bienes, u obtener cualquier tipo de ventaja patrimonial, por acto de hacer u omitir, o bien, incumpliendo la ley que regula sus actuaciones. Al respecto, la Ley de Salvaguarda registra más de 32 delitos [4].

Es conveniente aclarar que dentro de esas transferencias ilegítimas y delitos contra el patrimonio público, deben incluirse no sólo aquellos causantes de mayor escándalo, sino también los protagonizados por ciudadanos que roban o destruyen bienes de importancia y uso social, pero cuyas acciones no propician mayores tumultos, aunque si daños significativos al conjunto comunitario. Dentro de ese grupo quedarían ubicados los que cometen delitos “mayores y menores” en hospitales y oficinas públicas, los ladrones de cables de alumbrado, teléfonos, tapas de tanquillas y vertederos, barandas, defensas de autopistas y carreteras, etc. También esta es una forma de manifestarse la sobrecarga delictiva en Venezuela.

La corrupción es un fenómeno universal inherente a la condición humana. Sin embargo, deben distinguirse dos tipos: la que permanece bajo límites de tolerabilidad social, y la que rebasa cualquier lindero soportable. No conviene discutir el tema de la corrupción en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón y otros, y cómo encajarían estos países en la tipología propuesta. Sin embargo, en la mayoría de los naciones anglosajonas, y en las desarrolladas de origen latino, el fenómeno se mantiene bajo límites tolerables por tres causas: existe un eficiente sistema jurídico-penal (mecanismo disuasivo que controla la comisión delictual); predomina un rechazo de tipo socio-electoral (disuasivo psicológico); y prevalece un sistema aceptable de seguridad y bienestar social. La tolerabilidad existe aun en aquellos países donde ocurren escándalos financieros y corrupción, y frente a los cuales funcionan dispositivos judiciales y electorales, los primeros como instancias represivas y los segundos como mecanismos sociales que sancionan y expulsan del poder a hombres y organizaciones.

En Venezuela predomina una realidad diferente. Existe un sistema judicial menos confiable: delitos sin delincuentes. También una reafirmada complicidad social que absuelve las responsabilidades a través de la legitimación electoral (directa o indirecta), obtenida por algunos dirigentes y organizaciones políticas. Finalmente también existe un deficiente mecanismo de seguridad social y un Estado poco sensible al drama vivido por muchos venezolanos. Todo esto estimula la corrupción y coloca a Venezuela como uno de los países con una tasa delictual que rebasaría límites de tolerabilidad social [5].

La Sobrecarga delictiva

Conviene explicar lo que debe entenderse por sobrecarga delictiva. Este concepto debe ser definido como la arraigada tendencia (activa o potencial), existente en muchos venezolanos, favorable a delinquir contra la hacienda pública nacional, y a hurtar o destruir aquel conjunto de bienes materiales al servicio de las personas, pero que erróneamente se perciben como propiedad de una institución adversa a la ciudadanía y disociada de los objetivos de ésta.

El fenómeno de la sobrecarga ocurre en medio de una mezcla donde convergen tres situaciones: extensión y masificación de la corrupción administrativa por todo el cuerpo público y social; existencia de complicidad social frente al problema; y pervivencia y desarrollo de una plataforma ideológica históricamente elaborada sobre la cual se sustenta. Esas tres particularidades existen en Venezuela desde hace más de 400 años. Y sólo ha sido en los últimos años cuando hemos estado plenamente conscientes de su desafortunada existencia.

Como un reflejo de ese arraigo, en cierta oportunidad el doctor Rafael Caldera dijo que el pueblo venezolano tenía muchas virtudes, no siendo una de ellas la de rechazar, tanto la corrupción como al corrupto. Asi, p. ej., es frecuente que cuando un miembro del grupo familiar, círculo de amistades o de compañeros de partido, alcanza posiciones de poder, se le exija que sus primeras acciones se orienten a favorecer a unos y a otros, con dádivas y premios de naturaleza diversa, no importando la violación de preceptos éticos o legales, ni las limitaciones o incompetencia para ejercer cargos públicos.

Es frecuente también que las conductas ilícitas se orienten conforme a la aplicación (consciente o inconsciente), de ciertos criterios que tienden a reforzar el comportamiento. Así, la acción puede fundamentarse en una sustracción que se haga al carácter delictivo de la misma: “el robo al Estado no constituye delito”; o en negar y excluir de manera sustancial aquello que normalmente debiera ser el sustento del procedimiento ético: “en Venezuela no existen razones para no robar”, por consiguiente, “lo robado, bien robado se queda”.

Conforme a este criterio, el uso del poder para conseguir o repartir beneficios de manera desviada o corrupta, no es auténticamente observado como un extravío, sino como una oportunidad que cualquiera debe buscar y aprovechar para “trepar” o “salir de abajo”. En consecuencia, el funcionario corrupto o el sospechoso de serlo, no es verdaderamente rechazado porque erróneamente pensamos que en última instancia, la verdadera víctima o el blanco del delito no soy yo, este o aquel como ciudadanos, sino el gobierno y el Estado, los cuales, según las creencias de la gente, “bien merecido lo tienen porque aquí todos roban”. Al respecto, los venezolanos conocen bien el caso de individuos que, luego de ejercer el poder y haberse beneficiado ilícitamente, son admitidos o readmitidos sin protesta en nuevas responsabilidades, incluso, electos por la ciudadanía para el ejercicio de cargos de igual o superior envergadura.

Esto nos diferencia de lo usualmente ocurrido en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia..., países en los cuales, aún existiendo índices significativos, la corrupción no se muestra con niveles sobrecargados, manteniéndose bajo límites socialmente tolerables, y siempre percibida por la gente como una práctica rechazable por ser opuesta al interés público. Asimismo, existe una mentalidad que valora el temor al castigo, o a ser repudiado por la familia, los amigos y la sociedad.

Corrupción, petróleo y coyuntura

El origen estructural de este fenómeno en Venezuela viene dado por el carácter de su expresión. La corrupción actual, a pesar de ser una manifestación de la coyuntura, adquiere un rasgo histórico-estructural por tres razones: es un acontecimiento social de ámbito significativo en el espacio; tiene trascendencia social por encima de expresiones cuantitativas; y mantiene su presencia constante a lo largo de una línea histórica.

No obstante, la corrupción masiva en Venezuela suele plantearse como un simple proceso coyuntural. Los que enuncian esta tesis ubican sus antecedentes en las transformaciones vividas por el país, después que éste se incorpora plenamente a la dinámica del capitalismo mundial, con la explotación petrolera y el crecimiento vertiginoso de las importaciones [6]. Argumentan que en virtud de este proceso, el Estado se adueñó de la renta y más tarde del petróleo, apoyándose para ello en el derecho de regalías, y convirtiéndose en una institución omnipotente, pero obsoleta para administrar ese recurso y transformarlo en verdadera riqueza.

Sobrevino entonces una inesperada avalancha de dinero que al encontrarse con una sociedad acostumbrada a un ritmo de vida particular, provocó alteraciones profundas en su comportamiento. El torrente petrolero produjo un desbordamiento en la mentalidad y en el carácter de los venezolanos. El país se transformó en otro por obra y gracia de una riqueza fácil, mágica, artificial y no trabajada. De aquí se originó la corrupción en el grado excesivo que hoy conocemos porque la disponibilidad súbita de sumas cuantiosas, posibilitó el despilfarro, la malversación, el robo y el carácter venal de las consciencias. Así, el petróleo separó históricamente la mentalidad de los venezolanos y rompió el transcurso de una línea histórica.

En este trabajo se intenta demostrar que la línea histórica de la sobrecarga delictiva nunca ha sido rota, y aún cuando la sociedad y sus estructuras han sido modificadas, en el fondo conserva el mismo sentido lógico en sus esquemas de conductas y respuestas. Sin embargo, esta realidad pareciera no entenderse. Se mantiene la tendencia a observar y tratar viejos problemas como si fueran “nuevos”. Así, el enfoque situacional conduce a examinar las distintas manifestaciones del fenómeno como sucesos ocurridos en períodos cortos. Bajo la creencia de que la corrupción es un hecho reciente, provocado por el crecimiento exponencial de la renta petrolera, se cae en el error de romper la línea de continuidad histórica del proceso, al desconectar el hecho coyuntural de su totalidad precedente [7].

Por otra parte, tiende a confundirse la realidad y a no entenderse que cualquier manifestación cultural del presente, no es radicalmente divorciable de su pasado; y aunque sean admisibles las influencias e innovaciones de la actualidad, ésta siempre guardará en su interior el influjo aluvial depositado en la mentalidad colectiva en forma de experiencias y respuestas, las cuales, al perpetuarse históricamente, emergen y se manifiestan cada vez que un inductor inicial las propicia y estimula.

En consecuencia, no puede afirmarse con seriedad que la corrupción administrativa actual, como proceso, permanezca históricamente desconectada de aquella acontecida durante la colonia y el siglo XIX. Las sociedades a menudo confrontan problemas y situaciones que pueden tener o no un origen histórico. La corrupción administrativa tiene ese origen porque, a pesar de los cambios, en el fondo persisten los mismos inductores y situaciones que en principio la produjeron. Acerca de esto volveremos más adelante.

También se considera que el cambio operado en Venezuela, de un país rural y agropecuario, a otro sustentado en la producción petrolera, ha sido el acontecimiento histórico más importante, y que los otros, aún cuando también lo son, no guardan la trascendencia que tuvo el petróleo. Esto puede ser cierto. Sin embargo, pareciera no entenderse que cuando ocurrió ese cambio, ya estaba bien formada y establecida la nacionalidad y la personalidad histórica, el espíritu, la mentalidad y los rasgos distintivos del carácter venezolano, es decir, una estructura mental y una lógica del sentido conforme a las cuales se orientaban los criterios para actuar y tomar decisiones.

En líneas generales, esos criterios para administrar el petróleo operaron bajo la misma lógica impuesta en 1810 y 1830 para administrar la Hacienda y distribuir los empréstitos, tanto en la República como en el período guzmancista; y fueron los mismos criterios que se utilizaron para administrar la renta y el boom petrolero después de 1920, en 1945 y 1974.

Al respecto, las evidencias históricas son elocuentes. En lo relativo a la mentalidad derrochista y dispendiosa que caracterizó al primer gobierno patriota, el Libertador dice lo siguiente: “La disipación de las rentas públicas en objetos frívolos y perjudiciales; y particularmente en sueldos de infinidad de oficinistas, secretarios, jueces, magistrados, legisladores, provinciales y federales, dio un golpe mortal a la república, porque la obligó a recurrir al peligroso expediente de establecer el papel moneda, sin otra garantía que las fuerzas y rentas imaginarias de la confederación [8]”

El Regente Heredia fue más incisivo y directo al acusar al gobierno patriota de malgastar “alegremente en pocos meses”, dos millones de pesos en fiestas, celebraciones, lujos, regalos, grados militares, aumentos de sueldo, formación de ejércitos inútiles, etc. En sus Memorias señaló a los gobernantes de actuar cómo si pertenecieran a “una nación sólidamente constituida, y diez veces más rica y numerosa”; y a los oficiales del ejército de ostentar “un lujo y una molicie que convenía más a sibaritas que a Republicanos” [9].

También José Domingo Díaz, con vehemencia, señaló a los mantuanos en términos más fuertes. Al respecto dice que el ambiente del Congreso reunido e instalado a principios de 1811, se caracterizó por lo siguiente: “Los días de su instalación lo fueron de fiestas públicas ordenadas por el gobierno y en las cuales no brilló menos la dilapidación de aquel tesoro...reunido en los años anteriores. Baste para comprobarlo sólo decir que importó 5000 pesos fuertes un templecito adornado con vasos para luces de colores, puesto enfrente de la casa del Congreso y cuyo legítimo costo no había alcanzado a 300...hacia el mes de junio, los tres millones de pesos fuertes que se encontraron en depósitos el 19 de abril y todos los productos de las rentas ordinarias habían desaparecido...”[10]

Más adelante agrega Díaz que para fines de 1811: “...ya habían desaparecido todos los fondos públicos y depósitos particulares; habían sido consumidas todas las rentas corrientes de aquel año; se habían gastado más de cuatro millones de pesos fuertes y no había recurso para cubrir las enormes erogaciones que se habían superfluamente formado... [11]

Después de 1810 continuaron las irregularidades en la administración pública, particularmente en las aduanas y en los organismos encargados de controlar y reprimir el contrabando. Precisamente, la corrupción masiva practicada en la Renta del Tabaco, unido a la circunstancia bélica, originó en 1813 el decreto de pena capital para los culpables de fraude [12]. La pena de muerte contra los corruptos la decretó Bolívar no solamente para Venezuela. En 1819 la legalizó en Colombia y en 1824 en Lima y Trujillo; igualmente fue ratificada en el Congreso de Lima en febrero de 1825 [13], justamente cuando ya España había sido derrotada en lo militar. Quizás por esta razón los decretos de 1826 en adelante ya no la contemplan. En Venezuela no se conocen casos concretos de ejecución de corruptos, a pesar de que la actividad contrabandista y el delito aumentó de manera considerable.

En 1832 los funcionarios de la Renta del Tabaco se quejaban del exceso contrabandista y de la impunidad “protegida descaradamente por los jueces locales”. Por esta razón, los delincuentes se atrevían a construir cabañas, chozas y cobijos donde a la vista de todos guardaban mercancía de origen ilícito; los resguardos mientras tanto, conocedores de estas guaridas, no osaban registrarlas por estar amparadas “bajo las garantías del asilo doméstico” [14].

Un respetable hombre público, Santos Michelena, se quejaba (1832) de que la administración debía soportar, “sin poder remediarlo”, a un funcionario “negligente, omiso, inepto”, y a quien la opinión pública señalaba como responsable de “connivencia, malversación, colusión y peculado” [15]. Muchos de ellos se caracterizaban por exhibir lo que no podían tener honradamente, y además, “vivir con la esplendidez y lujo de un rico capitalista o propietario” [16].

El cargo público era considerado por la sociedad como propiedad de quien lo ejercía. La resignación o la complicidad social se hacía evidente cuando “nadie se presta a declarar lo que sabe”, ni tampoco “concurrir a la justificación de unos hechos, cuya existencia se vocifera por todos fuera de los tribunales” [17].

Todo esto formó parte de una crisis global de los poderes instaurados por la nueva República. El Ejecutivo fue uno de los más afectados por el envilecimiento ético de muchos funcionarios. Al respecto, son muy conocidas las malversaciones realizadas por Francisco Antonio Zea cuando fue Presidente de la Gran Colombia; también los robos de Miguel Peña, por lo cual tuvo que huir de Bogotá y buscar la protección de Páez en Venezuela [18].

El mismo José Antonio Páez, a pesar de su riqueza, recurrió al peculado y a otros delitos como el tráfico de influencias para conseguir un préstamo del Banco Nacional. Luego de las exacciones de un empréstito arbitrario para financiar la guerra en enero de 1862, Páez fue señalado de utilizar parte de ese dinero en beneficiar a sus hijas, quienes reclamaban el pago de perjuicios en una finca heredada de su madre, la difunta Doña Barbarita Nieves. Mientras tanto, a los empleados no se les pagaba el sueldo respectivo y los soldados permanecían sin recibir ración [19].

El ministro más importante durante la dictadura, Pedro José Rojas, negociaba contratos ilícitamente aprovechando su posición. Algunos de estos negocios son registrados por Pedro Núñez de Cáceres. Uno de ellos fue el relacionado con la provisión de vestuarios. Este contrato fue hecho con un comerciante de apellido Servadio y Monsanto en septiembre de 1862 y por el cual ganó 15 mil pesos. También estuvo vinculado a los siguientes convenios: del gas, junto a José María Larrazabal, Felipe Jiménez, Servadio y Monsanto y Don Antonio Ríos, y por lo cual obtuvo una tercera parte del total que fue negociado en Nueva York; la construcción del faro en Los Roques, cuyo costo fue de 20 mil fuertes, y en donde fue socio de Marcelino Martín y de un tal Chataing; el negocio de la sal, en el cual ganó una tercera parte junto a Marcelino Martín, la Casa Boggio y Eloy González de Valencia; la provisión de armamentos y vestuarios, negocio que compartió con Marcelino Martín y Justino Anzoátegui; el arreglo y composición de calles, junto con Alejandro Viso, quien no componía ni arreglaba nada, pues lo que hacía era “remendar con malísimo empedrado algunas cuadras”; y finalmente, el negocio de acueductos donde actuó al lado del gobernador Miguel Mujica [20].

Pero antes de que Pedro José Rojas llegara al poder, se negociaban y se cobraban contratos por obras inconclusas o no ejecutadas. Pedro Núñez de Cáceres menciona algunas: carretera Caracas-Aragua (vía El Valle), de la Compañía Bermúdez y Marcano, a un costo de 60 mil pesos; carretera La Cuesta de Auyamas a Guarenas, del contratista Felipe Jiménez, a un costo de 20 mil; otro contrato de Felipe Jiménez por 100 mil pesos; carretera al Tuy, del contratista Faustino Bermúdez, a un costo de 100 mil pesos; carretera Barquisimeto-San Felipe, del contratista Eduardo Ortiz, a un costo de 40 mil pesos; Penitenciaría de La Trinidad, del contratista Olegario Meneses, a un costo de 10 mil pesos; Puente del Guaire, del contratista Juan Cristósomo Hurtado, a un costo de 40 mil pesos [21].

Los hermanos Monagas también estuvieron implicados en hechos de corrupción cuando ejercieron la presidencia [22]. De su clan se destacó la esposa de José Tadeo, Luisa Josefina Oriach, quien realizó negocios muy turbios con vales y recibos pertenecientes a empleados públicos [23]. El 8 de abril de 1858 el pueblo de Caracas quemó una muñeca que simbolizaba a una Judas Iscariote. “Esta Judas representaba a Doña Luisa la mujer de Monagas, y tenía, en una mano unos papeles de crédito, y en la otra un bolsón lleno al parecer de dinero. Tanto es el odio a esta familia, que llaman generalmente la Dinastía Monagas” [24].

El gobierno de Julián Castro fue una gestión de escándalos y corrupción [25]. Durante el período marzo 1858 y agosto 1861, transcurren en la presidencia de Venezuela tres personajes: Julian Castro, Felipe de Tovar (heredero del Conde de Tovar), y Pedro Gual. En cuestiones de ética administrativa, la historia no recoge mayores elementos positivos de esta gestión. Sin embargo, si hubo en esa época hombres al menos con vergüenza. Uno de ellos fue el general oligarca Eduardo Carrillo, quien sin ninguna necesidad, se suicidó de un balazo en la boca por hallarse incurso en algunos delitos de carácter administrativo y en el robo de 18 mil pesos. Núñez de Cáceres compara este suceso, poco frecuente en la historia de Venezuela, de la forma siguiente: “Más prudente ha sido Mariano Mora: en los ocho meses que manejó la Tesorería no llevó siquiera libros: se robó una de cuarenta mil pesos, y no se ha tirado una pistola” [26].

Otro gobierno de características parecidas fue el del Mariscal Falcón. Este personaje se hizo famoso por su manirrotismo: administraba la hacienda nacional como si fuera patrimonio personal, regalaba títulos, otorgaba recompensas y obsequiaba dinero tomado de las arcas públicas. Durante la presidencia del general Falcón (1864), fue famoso un empréstito contratado en Londres de 1.500.000 libras. El 40 por ciento de este dinero (600 mil libras), se fue en pago de comisiones, y el resto se lo repartieron los generales federalistas. El general José Antonio Sotillo rechazó 40 mil pesos que le ofrecieron, es decir, menos del 5% del monto total [27].

Dos hombres tan importantes en la historia de Venezuela como lo fueron Guzmán Blanco y su padre, salieron enriquecidos del gobierno cuando todos sabían que no contaban con “fortuna personal sólida” en el momento de llegar al poder [28]. Juan Pablo Rojas Paúl fue acusado de un desfalco millonario [29]. Joaquín Crespo e Ignacio Andrade presidieron gobiernos caracterizados por el peculado [30]. Cipriano Castro y J.V. Gómez fueron denunciados por corrupción y de manejar los bienes públicos como si fueran los propios [31].

Igualmente muchos funcionarios subalternos, así como los últimos de la jerarquía burocrática, recurrían al juego ilícito como una forma de resarcirse de los innumerables perjuicios ocasionados por el Estado. Los soldados, e.g., en varias oportunidades se dedicaron al pillaje y al robo porque no recibían sus pagas, o en su defecto las cobraban incompletas o muy retrasadas [32].

En el área de la administración pública era un acontecimiento notorio cuando ocurría un cambio de ministro y a su vez llegaba otro “con un nuevo enjambre de funcionarios”. Los empleados en sus días postreros en el cargo aprovechaban para saquear los bienes del ministerio, tal como lo describe Friedrich Gerstacker en 1868: “...se llevaban no solamente todo el papel, sobres y plumas, comprados después de todo por cuenta y crédito del Estado, sino también los tinteros (...) en ciertos casos hasta las carpetas y sus sillas; y los nuevos funcionarios, sin un centavo en caja y crédito igualmente nulo, tenían que averiguárselas para conseguir poco a poco nuevo material...”[33]

Refiriéndose a este mismo aspecto, Núñez de Cáceres menciona “desórdenes y excesos” protagonizados por los funcionarios salientes después de la elección de J.T. Monagas: “Luego que vieron acercarse los últimos días de su poder, se entregaron a una especie de latromanía en todas las ramas: de especulación: contratas reiteradas con Pardo [el banquero], contratas con Hand, contratas sobre Huano; arrebatiña general (...) como no se ha visto ni entre los beduinos. El Ministro Ceballos contrató su Memoria con el doctor Pedro Pablo Castillo por la escandalosa suma de cinco mil cuatrocientos pesos, cuando Salvador Larrazabal ofreció imprimirla por ochocientos: ya se entiende que dividieron entre sí la cantidad: ésta fue satisfecha por el tesoro público. Las órdenes libradas contra las Aduanas absorven las importaciones por más de cuatro años; de suerte que el nuevo Presidente no tendrá con que empezar los gastos de su administración” [34]

Pero el vicio por apropiarse del menaje y de otros bienes públicos menores, no era exclusivo de los empleados o funcionarios de mediana o inferior categoría. También algunos de alta investidura incurrían en la misma costumbre. Pedro Núñez de Cáceres coloca un ejemplo: “La hermosísima alfombra que se compró para el Senado se la apropió el Vicepresidente Dr. Joaquín Herrera, y la puso en la sala de la gran casa de alto que compró, y reedificó suntuosamente. También quitaron los candelabros de plata, y los globos geográficos que existían en la casa de Gobierno. Se guardaban asimismo en la Secretaría del Interior muchas monedas de oro y plata de diversas Naciones, como medallas antiguas, y desaparecieron en tiempo de Simón Planas...”[35]

Para evaluar el problema de la sobrecarga delictiva en los primeros años del siglo XX, es decir, poco antes de la explotación masiva del petróleo, es útil la lectura de una Instrucción Pastoral redactada por los obispos venezolanos en 1904. En ella se definen frente al problema de la corrupción administrativa en Venezuela y expresan alarma por la nefasta incidencia de este fenómeno en el seno de la administración pública.

Se lamentan los clérigos, no sólo del latrocinio vulgar y cotidiano de algún delincuente de oficio, sino particularmente de aquellos robos públicos denominados decentes: Nos referimos -decían los obispos- a ese género de fraudes ya tan generalizado que consiste en apropiarse con harta facilidad de lo ajeno por medio de ganancias exageradas en negociaciones ilícitas... [36]

Naturalmente que se referían a las diversas combinaciones entre el sector público y privado con el propósito de enriquecerse a través de “fraudes públicos generalizados”, tanto de dineros como de otros recursos nacionales.

“...nos referimos a la lepra del peculado, que corroe todo el organismo nacional, siendo ya principio aceptado por la casi universalidad de los criterios que defraudar el erario público no es pecado... ya casi no se conceptúan como robos sino la obra brutal y grosera del ratero o del salteador, mientras el campo vastísimo de las otras especies de latrocinio, de donde proviene el mayor desequilibrio moral y material de los pueblos, está completamente abierto a la humana codicia” [37].

Y agregan: “Ya nadie se contenta con los proventos legítimos de su empleo, sino que cada uno se sirve del suyo para aumentar por medios reprobables sus recursos y fortunas, o para dilapidar mayores sumas de dinero en las exigencias del lujo y la satisfacción de todos los apetitos de la sensualidad” [38]

Visto lo anterior puede inferirse que: 1.) La corrupción en su forma de sobrecarga delictiva existía desde mucho antes de que Venezuela se transformara en país petrolero; 2.) aunque sea un tanto discutible concebir todas las transformaciones ocurridas después de 1920 como un producto de la “riqueza fácil”, debe admitirse entonces que la economía agroexportadora (anterior al petróleo), tuvo un origen muy diferente, y sin embargo, la sobrecarga delictiva predominaba como conducta pública y civil de muchos; 3.) quienes asocian la corrupción como producto de una “indigestión de dólares”, lo hacen porque ignoran la presencia continua de la sobrecarga delictiva antes de esa fecha, particularmente en 1945, y de manera especial a partir de 1958-1960, cuando de hecho los poderes públicos y los partidos bloquearon la lucha contra la corrupción, colocando obstáculos políticos, organizativos, presupuestarios e institucionales a la Comisión Investigadora Contra el Enriquecimiento Ilícito, CIEI [39].

Constante administrativa deficiente

Este concepto podría definirse como la manifestación histórica de cuatro factores deficitarios en el funcionamiento del Estado: limitaciones para garantizar la seguridad social y los servicios, presencia significativa de instituciones delictivamente sobracargadas, injusta distribución de la riqueza y excesiva concentración del poder. De aquí se desprende históricamente que ha existido una limitada y frágil relación cooperativa entre el Estado y los diversos intereses manifiestos en la sociedad. Este tipo de relación se ha orientado conforme a criterios no ecuánimes de confianza y lealtad por parte del Estado, derivándose en consecuencia un desequilibrio estructural [40] entre los intereses estatales y el propósito particular. Estos elementos anuncian y explican la ruptura existente entre los objetivos del ciudadano y los del Estado. De esta ruptura y desequilibrio ha surgido una predisposición del individuo a cometer delitos contra el patrimonio del Estado, solo o asociado con grupos políticos y empresariales.

Esta tendencia se transforma en sobrecarga delictiva cuando la comisión de los delitos rebasa límites de tolerabilidad social, produciéndose fenómenos disonantes o de inestabilidad en el seno del sistema político. Se expresa a través de la descompensación con que el Estado le ha respondido históricamente al individuo, es decir, a partir del desequilibrio entre la acción estatal y el aporte de la gente al progreso.

La razón de esta incompatibilidad se funda en que mientras la institución se ha visto fortalecida con el aporte ciudadano, ésta en cambio no ha mostrado suficiente reciprocidad y lealtad para con la ciudadanía en los cuatro factores señalados ut supra. Ese grupo de contradicciones ha provocado que el Estado sea percibido como un adversario que restringe (o elimina en algunos casos), el disfrute real de muchos derechos, originándose en consecuencia una suerte de retaliación colectiva a través del permanente asedio al patrimonio por él administrado. Veamos brevemente y por separado cada uno de esos factores.

Inseguridad social y servicios públicos

La deficiencia histórica mostrada por el Estado venezolano en garantizar la seguridad social y una gestión eficiente de los servicios públicos, ha sido una de los factores que más ha avivado el fuego de esa contradicción. Aunque es de Perogrullo decirlo, no existen dudas sobre este tipo de limitación. Los resultados en el sector salud y nutrición, en los servicios habitacionales y educativos, indican la existencia de agudas fallas administrativas.

Servicios como la electricidad, agua potable, correo y otros, han mostrado los aspectos desfavorables muy por encima de los positivos. Con frecuencia la población se queja de aquellos que funcionan deficientemente, a pesar de las grandes inversiones realizadas en ese campo. Todo esto plantea dudas sobre la eficacia cualitativa del Estado en la atención de las necesidades públicas más importantes y las garantías mínimas que aseguren el futuro de las personas.

Esos factores no son de ahora, ni mucho menos consecuencia de regímenes políticos, o un producto de la riqueza petrolera que en conjunto hayan actuado concertadamente y con inteligencia propia para cohabitar con los venezolanos como una maldición bíblica. Desde los tiempos de conquista, pasando por la fase de colonización, el Estado español mostró una relativa deficiencia en el campo administrativo de los servicios. Al respecto, eran evidentes algunas limitaciones relacionadas con el cuidado y mantenimiento de caminos y cárceles, provisión de carnes y otros alimentos, agua potable, seguridad pública y persecución de delincuentes, administración de justicia, y todos los demás elementos que han formado parte del abanico de servicios públicos [41].

Posterior a la independencia, y en pleno siglo XIX, la manifestación de esa anomalía fue evidente. En el campo de la asistencia médica y de salud, el fracaso del Estado fue casi absoluto. En su lugar, las Sociedades Benéficas administradas por religiosos y particulares fueron las encargadas de buena parte de los servicios. Para 1888 Caracas tenía 33 de estas sociedades. El voluntariado de esos institutos atendía a la gente con un servicio médico de caridad debido a la limitación del Estado para hacerlo con regularidad [42].

De los ingresos nacionales y empréstitos por los cuales se endeudó la República, no existió una asignación importante ni tampoco una iniciativa de valor, con lo cual mejorar la organización y la infraestructura hospitalaria. Por la situación política y económica de la república, no hubo oportunidad para introducir en Venezuela la bacteriología y otras especialidades médicas, las cuales en Europa controlaban la tuberculosis y la mayoría de las enfermedades infecto-parasitarias. Durante el siglo 19, especialmente durante el guzmancismo, Venezuela no tuvo un servicio asistencial medianamente organizado. La insalubridad y las epidemias ejercían terribles efectos sociales sin que la estructura sanitaria pudiera ejercer un control [43].

La política sanitaria del Estado se caracterizaba por ser un conjunto de acciones desordenadas, incoherentes y discontinuas: medidas caritativas, limitadas y transitorias que cesaban al disminuir los estragos de una epidemia. Esa política enfrentaba obstáculos diversos: políticos, organizativos, técnicos y científicos, los cuales frenaban cualquier iniciativa e impedían un control efectivo sobre las diversas patologías.

Ese conjunto de factores proliferó de manera significativa, lo cual explica la abultada estadística de mortalidad general, sobre todo la de origen epidémico, en el grupo de enfermedades del aparato digestivo y las de origen infeccioso y parasitario [44]. En áreas diferentes a la salud ocurrió la misma situación, incluso en forma mucho más grave. Así lo testimonia la información respectiva relacionada con la provisión de agua potable y alimentos en las ciudades, seguridad pública, correos, infraestructura de caminos y carreteras, mantenimiento y desarrollo.

Sobrecarga delictiva del funcionario público

El segundo factor por el cual se mantiene la contradicción entre el ciudadano y el Estado se halla en el campo ético y en la sobrecarga delictiva de muchos funcionarios pertenecientes a diversos organismos. La sobrecarga, como ya se dijo, es de origen histórico y tuvo su inicio en el modelo de sociedad implantada por el conquistador en Venezuela [45]. La misma no desapareció con la expulsión de los españoles; antes por el contrario, sobrevivió a la independencia debido a que no cambió el carácter del Estado en su aspecto medular, ni tampoco la estructura sobre la cual se sustentó la “nueva” relación con la sociedad civil.

Todo esto muy a pesar de los intentos por modificar esa realidad. Entre ellos particularmente el del Libertador en su proyecto constitucional de Angostura de 1819. Allí expuso la creación de un poder moral como respuesta a la manifestación creciente de los conflictos y la significativa presencia de la sobrecarga delictiva en el ámbito de la administración pública y la sociedad [46].

Es decir, aún cuando el Estado (y la administración), posterior a la independencia, pasó de unas manos a otras, heredó la misma personalidad aversiva del viejo modelo español: antidemocrático, antagónico y opuesto a equilibrar los intereses de uno y otro sector en búsqueda de la prosperidad total. Hasta ahora, la experiencia acumulada ratifica que el Estado fundado por España no fue el producto de un acuerdo entre los ciudadanos con el propósito de buscar el bien común, sino que se produjo por vías impositivas, sin atender a las necesidades de la sociedad y con el objetivo fundamental de ponerlo al servicio casi exclusivo de la monarquía española.

De manera que el peculado y los delitos contra la administración, tal como se describió en páginas anteriores, caracterizaron a la mayoría de los gobiernos venezolanos durante el siglo XIX. En la actualidad, el Estado manifiesta la misma característica. Tan es así que con alguna frecuencia se le ataca por existir en su seno algunos organismos en donde se emplea a funcionarios corruptos. Por esta razón, la mayoría de los venezolanos considera a la democracia actual como más corrupta que la dictadura [47].

Una institución como la administración de justicia es frecuentemente enjuiciada en negativo por la ciudadanía. En el mismo poder judicial, muchas encuestas revelan que un número significativo de personas duda de la correcta administración de justicia en los casos de juicios incoados a personajes importantes de las finanzas y la política de nuestro país [48]. Igualmente, las dudas y sospechas bien fundadas sobre el comportamiento de algunos ministros y congresantes, provoca en la actualidad serias incertidumbres sobre la ética administrativa, tanto del poder ejecutivo como del legislativo. Así lo revela el reiterado escándalo público, el resultado de investigaciones policiales y tribunalicias, así como la actuación de algunos jueces.

Injusta distribución de los recursos y riquezas

El tercer factor agravante del conflicto en la relación Estado-ciudadano, ha sido la incapacidad oficial para producir alternativas que atenúen la desigualdad existente en la distribución de la riqueza. No se cuestiona aquí la incapacidad del Estado para socializar los bienes y comunizar el capital, sino sus limitaciones para propiciar el bienestar dentro de un esquema económico de mercado.

Después de la independencia se presentó la primera ocasión para mitigar las contradicciones entre el Estado y el ciudadano. En aquel momento la flamante República tuvo la primera oportunidad de racionalizar la distribución de recursos y riquezas a través del reparto de tierras previsto en un conjunto de leyes. Entre ellas estuvo el famoso decreto de 1817 y las leyes de 1820 y 1821 [49]. Se intentó dar cumplimiento a un compromiso y buscar ocupación laboral para aquel grupo de hombres, los cuales, al terminar el conflicto militar con España, quedaron en situación de precariedad.

Esa deuda del Estado por concepto de haberes militares nunca llegó a pagarse en su totalidad. En eso influyó el sistema de “vales” impuesto. Dichos papeles eran “bonos de esperanza” con los cuales se comprometía el Estado para saldar una deuda sagrada “en su debida oportunidad”. La “oportunidad” nunca se presentó pues la mayoría de sus propietarios vendieron esos valores a particulares por precios irrisorios, en procura de resolver su problema económico inmediato.

Otro factor influyente en ese despojo fue el conjunto de apelaciones hechas por parte de los antiguos dueños de las haciendas confiscadas. Con mucha habilidad estos señores se quejaron ante los Consejos de Gobierno y las Comisiones de Confiscación con el propósito de recuperar sus antiguas propiedades. A través de relaciones clientelistas y de viejas influencias personales y familiares, además de cohechos, sobornos y compadrazgos, éstos lograron con éxito la restitución de sus bienes en perjuicio de muchos héroes de la independencia, algunos de los cuales ya los usufructuaban.

Uno de los resultados de ese proceso fue el resurgimiento de una minoría latifundista que se apropió de las mejores tierras para la improductividad. También resurgió una mayoría desplazada de donde en parte se nutrió la anarquía, el conflicto y el carácter aversivo contra el Estado, como consecuencia de la profundización de las desigualdades extremas no resueltas por la Guerra de Independencia [50].

Incluso dentro del mismo esquema latifundista, por diversas razones, se perdió la oportunidad de introducir elementos de desarrollo a través de la incorporación al trabajo libre de la poblacion llanera, la cual, por sus características y por las del medio geográfico donde transcurría su existencia, reunía un conjunto de ventajas con las cuales era posible la fundación de empresas explotadoras de carne, cueros y otros rubros. Esto habría sido posible sin necesidad de modificar el fondo del régimen de tenencia. De esa manera tal vez se hubiera mitigado el riesgo de conflicto porque los grupos invertirían el tiempo en el trabajo, no en la guerra como ocurrió [51].

Esa discrepancia entre el Estado y la ciudadanía aún permanece. En el fondo constituye un hilo de continuidad histórica pues no hubo en aquel momento voluntad política ni sensibilidad social para resolver (o atenuar) el conflicto con antelación. Tenemos como demostración actual de esa lamentable realidad, las cifras estadísticas acerca de cómo se planifica la pobreza en Venezuela. En consecuencia, están a la vista los índices de población desnutrida y subalimentada; la pobreza educativa y el analfabetismo funcional de mucha gente; la desorganización del servicio asistencial y sus terribles efectos sobre la salud de las personas; la penuria habitacional y las negativas condiciones residenciales de muchos venezolanos; el desempleo y el irracional sistema de distribución del ingreso [52].

Todo ese grupo de elementos ha constituido el tercer factor dentro de las deficiencias administrativas del Estado, pues, a pesar de disponer de ingentes recursos humanos y financieros, hemos fracasado en la organización de un sistema racional e inteligentemente planificado que proporcione empleo a la gente y disminuya las desigualdades. Ésta ha sido la demostración de la injusticia existente sin intermisión, y que es en su complejidad, el punto de donde se originó la fractura histórica del Estado venezolano actual.

Excesiva concentración del poder

La concentración excesiva del poder se manifiesta en la existencia estructural de cuatro elementos: estatismo, centralismo, presidencialismo y partidismo [53]. Éstos han estado presentes en gran parte del discurrir histórico de nuestro país, y se han manifestado con mayor o menor fuerza en diversos períodos, de acuerdo a las características del momento histórico. La concentración de poder en manos del Estado se ha dado por un efecto combinatorio de esos cuatro elementos, produciendo así en la conciencia del servidor público un sentido de arbitrariedad, apoyado en la base autoritaria que lo origina. En consecuencia, el poder ha sido utilizado para el ejercicio del autoritarismo, y muchas veces hasta para la humillación del ciudadano.

La existencia de esos cuatro factores, junto a la impunidad reinante, es lo que se denomina Constante administrativa deficiente, la cual ha creado una ruptura entre el ciudadano y el Estado, manifiesta desde los tiempos en que se fundó Venezuela, hasta hoy. La Constante se ha expresado históricamente a través de la adopción de una conducta irracional frente al Estado, propensa a no conceptuar como bien público el patrimonio administrado por los diversos gobiernos; y a delinquir, hurtar y destruir los recursos bajo administración estatal.

Por esta razón, prolifera en Venezuela la arraigada tendencia a no percibir esos bienes como dominio de la ciudadanía, sino más bien como propiedad de un cuerpo enemigo contra quien se “lucha” a través de la utilización de métodos delictivos, es decir, por vía del robo o la destrucción de su poderío material.

Esto ocurre porque no ha existido hasta hoy una identificación plena de intereses con la cual se establezca una reciprocidad [54] de objetivos entre las partes, es decir, v.g., un Estado que asuma verdaderamente como suyos los intereses ciudadanos y se preocupe con sinceridad por orientar la actividad de la gente, con el objetivo de buscar el progreso y el bienestar de las personas.

El peso ejercido sobre el individuo por ese conjunto de factores, y los cuales predisponen a delinquir, es lo que se denomina sobrecarga delictiva. Como se dijo al principio, sus indicios son la extensión y masificación de la corrupción administrativa, la complicidad social, y la existencia de un sistema de valores, creencias, convenciones, símbolos y lenguaje, que le otorgan una plataforma ideológica sobre la cual se apoya el delito.

Comentarios
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Carolina Sanchez  - consulta   |201.242.153.xxx |2014-05-17 22:52:42
Hola Señores Abrelamente:
Me gustaría que me dieran los datos necesarios para
citar
su excelente artículo La Historia de La Corrupción en Venezuela,
como
la fecha y el autor, vi que en el encabezado anuncia
como autor a Abrelamente,
pero debo citar a una persona
con nombre y apellido, así como la fecha en que
se publicó.
Gracias si pudieran ayudarme.
Mucho éxito en su página
El autor de este articulo es C   |50.150.174.xxx |2014-08-03 12:00:20
El autor de este articulo es Cristiano Camacho
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DESPUÉS DE WIKILEAKS Y SNOWDEN, OTRO ESCÁNDALO DE FILTRACIONES SORPRENDE A OBAMA

DESPUÉS DE WIKILEAKS Y SNOWDEN, OTRO ESCÁNDALO DE FILTRACIONES SORPRENDE A OBAMA

Un artículo del portal The Intercept reveló, a partir de documentos oficiales, el crecimiento de la base de datos del gobierno estadounidense con los nombres de terroristas conocidos o sospechosos de serlo. Según la CNN, la administración Obama cree que ha habido nuevas filtraciones.

La prueba de los nuevos trascendidos sería un artículo publicado este martes por el portal The Intercept (firstlook.org), que dirige Glenn Greenwald, quien había destapado el escándalo Snowden.

El gobierno de USA concluyó que ha habido una nueva filtración de documentos secretos que ponen en riesgo la “seguridad nacional”,informó este martes la CNN citando a una fuente oficial.
El caso se sumaría a las filtraciones vertidas por Wikileaks y por el exempleado de la NSA Edward Snowden.
La prueba de los nuevos trascendidos sería un artículo publicado este martes por el portal The Intercept (firstlook.org), que dirige Glenn Greenwald, quien había destapado el escándalo Snowden.
El artículo se centra en el crecimiento durante la administración Obama de la base de datos del gobierno de USA con los nombres de terroristas conocidos o sospechosos de serlo.
El artículo cita documentos preparados por el Centro Nacional contra el Terrorismo, con fecha de agosto de 2013, luego de que Snowden viajara a Rusia para evitar cargos criminales en USA.
En julio, Greenwald había sugerido a través de Twitter que había un nuevo “filtrador”. El gobierno de USA ha estado investigando desde entonces quién podría ser.
La base de datos -Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE)- tiene 1 millón de nombres, confirmó a la CNN la fuente oficial.
De acuerdo a los documentos citados por The Intercept, el gobierno de Obama también ha realizado nuevos esfuerzos para recopilar la información y datos biométricos de personas en USA a raíz de los atentados de 2013 en la maratón de Bostón.
La base de datos se agigantó luego del intento de atentado en un avión en 2009. Umar Farouk Abdulmuttalab, conocido como el ‘Bombardero de la ropa interior’, no estaba en las listas del gobierno, por lo que no se pudo evitar que abordara el vuelo Northwest Airlines.
Abdulmuttalab fue condenado a pasar la vida en prisión en febrero de 2012.
De acuerdo a la fuente oficial, el crecimiento de la base de datos fue el resultado de las debilidades que quedaron expuestas con el episodio de 2009.
Fuente: urgente24.com




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